Licores en cuentagotas

Hay varios países, especialmente en América Latina, aparte de los regímenes dictatoriales o aquellos dominados por gobiernos “religiosos”,  en los que imponen restricciones a sus ciudadanos mayores de edad para adquirir licores en ciertas fechas y otros lo prohíben en absoluto. Imagínense a los italianos, franceses, alemanes y otros, que sus gobiernos les impidan comprar una botella de vino o cerveza o consumirla en un restaurantes,  en ciertas fechas. O que los británicos se priven de adquirir una botella de whisky. Sería un escándalo que afectaría al gobierno que determine dicha prohibición. 

Sin embargo en Perú, Colombia, Ecuador, Chile  y Venezuela, entre otros, es ya una costumbre que en fechas electorales se aplique la “ley seca”, supuestamente para que los electores no se queden dormidos y vayan a votar o para evitar escándalos en esos momentos que puedan traer desórdenes. También se aplica en ciertas ocasiones, por ejemplo en Navidad, en el caso venezolano. 

Es lógico y prudente que no se permita la venta de alcohol en carreteras y autopistas, terminales de pasajeros y que las autoridades controlen a los conductores, mediante el “alcoholímetro”, ya que es una medida sensata que permite disminuir los accidentes de tránsito producto de la ingesta de bebidas espirituosas. También resulta prudente que no se consuma alcohol en sitios públicos, como plazas o parques, cines o simplemente en las calles.

Sin embargo, estas medidas deben tener un límite racional. No todo el mundo tiene una bodega en su casa. Son las personas más humildes las que deben acudir en días prohibidos por Ley Seca para adquirir una botella de licor, bien sea por un cumpleaños o por la llegada imprevista de amigos y familiares.

Por lo general, las prohibiciones en el despacho de licores lo que hacen es generar mercados negros, en los que se sigue despachando a un precio más alto y en los que se perjudican los consumidores y ganan las autoridades que controlan las zonas, con el porcentaje que obtienen por “cerrar los ojos” ante las transacciones.

Aunque las medidas son temporales, en ciertas fechas, la demanda sigue consiguiendo oferta, especialmente en zonas populares, muy poco controladas por las autoridades y si logran penetrar obtienen su tajada por permitir la venta. En otras palabras, las prohibiciones se convierten en un gran negocio para la corrupción.

Hay que recordar que la prohibición más conocida fue la implementada en la  Constitución de los Estados Unidos (conocida como Ley Volstead) que no permitía la manufactura, venta, transporte,  importación o exportación de  bebidas alcohólicas. La prohibición provocó un aumento considerable del crimen organizado. Basta recordar al famoso Al Capone y  otros jefes mafiosos estadounidenses. Esa ley fue derogada en el año 1933, por las graves consecuencias que trajo en la conformación de las mafias y de numerosas muertes producto del consumo de alcohol producido en alambiques sin las mínimas condiciones higiénicas ni la pericia debida en la producción de esas bebidas.

Todo esto viene al caso, debido al anuncio de la ministra para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, que indicó restricciones en la venta de bebidas en distribuidores, licorerías, restaurantes y bares a partir del día de hoy hasta el 27 de diciembre, retomando desde el 2 al 10 de enero.

Dijo que las licorerías podrán expender estos productos desde las 11 am a 6pm, los restaurantes a partir de las 12 pm hasta las 11 pm, hoteles y centros sociales desde las 11 am hasta la 1 am y los clubes nocturnos desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana.  Se nota cierta flexibilidad en la disposición, pero el problema no es el control del expendio sino las limitaciones de las libertades de consumo de los ciudadanos mayores de edad, que deben acatar lo que dispongan los gobiernos “paternalistas”.