Los retenes policiales parecen posadas. Los detenidos
entran y salen. Como si las paredes
fueran de cartón piedra y los barrotes de plástico.
Esta mañana se fugaron 4
detenidos de la sede de la policía
municipal Andrés Bello en la región de Barlovento (Estado Miranda), robaron el
arma a un funcionario e hirieron a otro.
Ayer
huyeron 6 peligrosos delincuentes del Retén de PoliCarirubana, Punto Fijo
(Estado Falcón), cuyas edades oscilan
entre 18 y 29 años, que estaban recluidos en 3 celdas con capacidad para 9
personas, sin embargo había 25 detenidos.
También se fugaron ayer 33 detenidos
de la Sala de aprehensiones de la Policía Municipal de Chacao y 5 de ellos
fueron recapturados, quedan 28 en la calle. El 26 de noviembre se dieron a la
fuga 42 reclusos de los calabozos de la
CICPC en Los Teques y unos días después, en la misma zona, huyeron 11 reos del
retén de la Policía del Estado Miranda, 5 fueron recapturados. Total, según
cifras oficiales, hay 82 fugados de los retenes, lo que aumenta el peligro en
las calles, además de los que no han sido capturados y que acechan todos los
días a la población.
Los retenes policiales no tienen la
seguridad requerida para mantener a “buen resguardo” los delincuentes
detenidos. Son instalaciones para detenciones provisionales, que luego deberían
pasar a las “cárceles convencionales”, que de paso están sobrepobladas, por lo
que los malhechores aprovechan la escasas condiciones de control o la complicidad
de autoridades, para darse a la fuga, mientras el Ministerio responsable de las
cárceles y de la delincuencia no terminan de encontrar soluciones efectivas
para asegurar que los detenidos permanezcan en reclusión y sean sometidos a los
juicios correspondientes. Hay que ver lo que le cuesta a la policía detenerlos.
Muchos agentes han fallecido de manos del hampa que está mejor armada que las
propias autoridades. Luego viene la odisea que significa llevarlos a juicios y
condenar a los que realmente sean culpables de delitos. No para que vivan
hacinados. No para que ingresen en las universidades del delito y salgan peor
de lo que entraron, con mayor grado de violencia y peligrosidad para la
sociedad. Es tarea y deber del Estado asegurar su rehabilitación y además
prevenir el delito y garantizar a la comunidad su seguridad, tranquilidad, libre
desplazamiento y especialmente la vida.
Por cierto, ayer el Presidente
Nicolás Maduro no se refirió al asunto, uno de los más graves problemas que
enfrenta el país. Se indignó por la agresión sufrida por la ex Defensora del
Pueblo, Gabriela Ramírez, suceso realmente digno de repudio, sin embargo no
habló sobre los asesinatos y familias enlutadas que ha dejado la delincuencia
en el año 2014.
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