Walter Márquez coordina con alcalde de Cúcuta el caso para la Corte Penal
Con el apoyo de Abogados Sin Fronteras, el diputado dijo que están recabando un cúmulo de indicios que implicarían la violación del Estatuto de Roma por parte del presidente Nicolás Maduro, del gobernador de Táchira y del Alto Mando Militar. Márquez planteó la creación de un Comité de Víctimas de Deportaciones Forzosas y Destrucción de Viviendas.
Caracas.El Universal.-
Este fin de semana el diputado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez
(MUD), el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, y el titular de la
Personería de Cúcuta, Orlando Arturo Puentes, coordinaron la estrategia
para llevar adelante la acusación binacional a la Corte Penal
Internacional, por la presunta comisión de varios delitos que violan el
Estatuto de Roma, a raíz de la decisión del Gobierno del presidente
Nicolás Maduro de decretar el estado de excepción y el cierre de la
frontera en Táchira. Contarán con el respaldo de Abogados Sin Fronteras,
precisó un boletín de prensa.
El diputado ya ha anunciado su intención de acusar en la CPI a Nicolás Maduro y al gobernador José Vielma Mora, así como al defensor del pueblo, Tarek William Saab, por encubrimiento. Dejó claro que hay responsabilidades institucionales y personales, entre éstas las del Alto Mando Militar.
Márquez explicó que de cada lado de la frontera serán promovidas las acusaciones. En el caso del Táchira, indicó el diputado Márquez que se produjo un "ataque sistemático contra los ciudadanos". Afirmó que hubo "tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de una serie de problemas causados a niños inmigrantes o de padres inmigrantes".
"El propio Gobernador del Táchira (José Vielma Mora) insultó y agredió a los gochos, comunidad con una idiosincrasia propia. También hubo ataque en las cuencas altas del río Táchira, con destrucción de pasos fronterizos, los cierres ilegales de frontera, el rompimiento de relaciones comerciales, el rompimiento de relaciones diplomáticas, los crímenes de Estado", explicó Márquez.
Del lado colombiano de la frontera, precisó el informante que, además de la Personería de Cúcuta, trabajan en la sustanciación del caso la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de la República. Explicó que hubo "violación del debido proceso migratorio garantizado por la Ley de Extranjería y Migración de Venezuela", además de los casos de quienes "les destruyeron viviendas en los barrios Ezequiel Zamora, Ernesto Che Guevara y Mi Pequeña Barinas, que conformaban el sector de La Invasión en San Antonio del Táchira, violando con ello la ley promulgada por el presidente Hugo Chávez, contra Desalojos Arbitrarios y Destrucción de Viviendas".
Márquez planteó al alcalde de Cúcuta la creación de un Comité de Víctimas de Deportaciones Forzosas y Destrucción de Viviendas. Acotó que a su vez en Venezuela también solicitarán la apertura de una investigación penal, además la solicitud de reparaciones e indemnizaciones de daños y perjuicios.
"Ante la Corte Penal Internacional no hay privilegios políticos ni procesales. El Presidente de la República y el Gobernador del Táchira no tienen ningún privilegio como lo tienen en Venezuela. Desaparecen las inmunidades y son simples funcionarios que tienen que responder ante la comunidad nacional e internacional", recalcó Walter Márquez, citó el parte de prensa.
El diputado ya ha anunciado su intención de acusar en la CPI a Nicolás Maduro y al gobernador José Vielma Mora, así como al defensor del pueblo, Tarek William Saab, por encubrimiento. Dejó claro que hay responsabilidades institucionales y personales, entre éstas las del Alto Mando Militar.
Márquez explicó que de cada lado de la frontera serán promovidas las acusaciones. En el caso del Táchira, indicó el diputado Márquez que se produjo un "ataque sistemático contra los ciudadanos". Afirmó que hubo "tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de una serie de problemas causados a niños inmigrantes o de padres inmigrantes".
"El propio Gobernador del Táchira (José Vielma Mora) insultó y agredió a los gochos, comunidad con una idiosincrasia propia. También hubo ataque en las cuencas altas del río Táchira, con destrucción de pasos fronterizos, los cierres ilegales de frontera, el rompimiento de relaciones comerciales, el rompimiento de relaciones diplomáticas, los crímenes de Estado", explicó Márquez.
Del lado colombiano de la frontera, precisó el informante que, además de la Personería de Cúcuta, trabajan en la sustanciación del caso la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de la República. Explicó que hubo "violación del debido proceso migratorio garantizado por la Ley de Extranjería y Migración de Venezuela", además de los casos de quienes "les destruyeron viviendas en los barrios Ezequiel Zamora, Ernesto Che Guevara y Mi Pequeña Barinas, que conformaban el sector de La Invasión en San Antonio del Táchira, violando con ello la ley promulgada por el presidente Hugo Chávez, contra Desalojos Arbitrarios y Destrucción de Viviendas".
Márquez planteó al alcalde de Cúcuta la creación de un Comité de Víctimas de Deportaciones Forzosas y Destrucción de Viviendas. Acotó que a su vez en Venezuela también solicitarán la apertura de una investigación penal, además la solicitud de reparaciones e indemnizaciones de daños y perjuicios.
"Ante la Corte Penal Internacional no hay privilegios políticos ni procesales. El Presidente de la República y el Gobernador del Táchira no tienen ningún privilegio como lo tienen en Venezuela. Desaparecen las inmunidades y son simples funcionarios que tienen que responder ante la comunidad nacional e internacional", recalcó Walter Márquez, citó el parte de prensa.
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