Fedecámaras aseguró este lunes que los empresarios del sector
privado están dispuestos a acompañar al Gobierno en la toma de decisiones
económicas "fuertes" siempre y cuando se realicen
"reformas" que permitan que la producción fluya.
"Cuando (...) hablamos que le tendíamos la mano al
gobierno nacional y al presidente de la república y que estamos dispuestos a
compartir con ellos la toma de decisiones que sean fuertes, esto es siempre y
cuando tengan la reforma que el empresariado requiere para poder salir
adelante", dijo el nuevo presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez.
El representante de la patronal explicó que "si no se
hacen las reformas necesarias" en un conjunto de normas que se han creado
en los últimos años, la empresa privada no podrá "acompañar" al
Gobierno ni "destrancar (destrabar) el juego".
Martínez señaló que el Gobierno de Nicolás Maduro no puede,
además, seguir calificando al empresariado privado como "delincuente"
ni confiscando sus bienes a través de fiscalizaciones "discrecionales y
agresivas" que las llevan incluso a su cierre.
"No puedes seguir atacando la capacidad productiva del
país y pretender después exigirle al empresariado que se corresponsabilice
contigo porque no hay producción y porque los anaqueles no tienen los productos
necesarios", dijo.
Asimismo, reiteró que "la gran mayoría de las
empresas" tiene severos problemas de inventarios y no tienen capacidad de
reposición de sus productos pues no pueden vender y tener las rentabilidades
adecuadas.
Fedecámaras ha solicitado, al Gobierno e incluso ante el
Tribunal Supremo de Justicia la nulidad o reforma de algunas normas hechas en
los últimos años como la Ley de Precios Justos que establece ganancias sobre
los costes no mayores al 30 % pues, asegura, "atenta contra las libertades
económicas" consagradas en la Constitución.
Además, los empresarios han pedido una flexibilización del
sistema de control de cambios que opera desde 2003 y que deja en manos del
Estado la administración de las divisas, que son asignadas a tres tipos de
cambio distintos dependiendo del objeto que tengan.
Otra norma que también ha sido objeto de críticas por parte
de los empresarios es la Ley del Trabajo, aprobada en 2012, que reduce la
jornada laboral a 40 horas semanales y estipula el disfrute obligatorio de dos
días de descanso consecutivos, lo que según la patronal, afecta más a los
trabajadores que a las empresas.
Fuente:
EFE
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